Desde el 18 de septiembre, oficiales migratorios pueden valorar un conjunto más amplio de factores económicos y personales al analizar determinados trámites de ingreso o ajuste de estatus.
Una nueva regla sobre “carga pública” entró en vigor en Estados Unidos el pasado 18 de septiembre y amplió el margen de evaluación de los oficiales migratorios en determinados casos. La disposición aplica a solicitudes de admisión y a trámites de ajuste de estatus presentados a partir de esa fecha, mientras que las solicitudes presentadas antes del 18 de septiembre continúan bajo las disposiciones anteriores.
La abogada especialista en Derecho Internacional y Migratorio, Josefina Orozco López, explicó que ahora pueden tener mayor peso factores como la edad, salud, ingresos, empleo, bienes, educación, obligaciones financieras y la recepción de determinados beneficios públicos. La nueva evaluación no significa que recibir un apoyo gubernamental genere automáticamente una negativa, ya que la aplicación de la causal depende de las circunstancias de cada persona. Además, la regla no alcanza de la misma manera a todas las categorías migratorias y existen exenciones para determinados grupos, entre ellos refugiados, asilados, beneficiarios de visas T y U y personas protegidas bajo VAWA.
La especialista recomendó no tomar decisiones como cancelar beneficios esenciales únicamente por temor a la nueva disposición y revisar cada situación antes de presentar un trámite. También señaló la importancia de contar con documentación que permita acreditar ingresos, empleo, ahorros, seguro médico, preparación académica y apoyo familiar, según corresponda. Bajo el nuevo esquema, incluso ciertos beneficios recibidos por familiares pueden ser considerados en determinadas circunstancias, por lo que organizaciones y autoridades recomiendan analizar cada caso de manera individual.
