La modernización de los registros inmobiliarios busca dar mayor certeza jurídica, pero podría generar costos adicionales y efectos fiscales indirectos para propietarios y empresas.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana, Roberto Lyle Fritch, llamó a respetar las atribuciones de estados y municipios ante la propuesta de Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 7 de octubre. La iniciativa plantea homologar los catastros y registros públicos de la propiedad mediante criterios comunes y plataformas digitales para identificar los inmuebles en todo el país.
El dirigente empresarial explicó que el proyecto contempla una Clave Única Catastral y una Cédula Única Catastral y Registral para concentrar información física y jurídica de los predios. Aunque consideró positiva la modernización, advirtió que la digitalización no sustituye las escrituras ni resuelve por sí sola los problemas de titularidad, sucesiones pendientes o documentación incompleta. También señaló que las inconsistencias en las bases de datos podrían provocar retrasos en operaciones inmobiliarias, gastos de actualización documental y controversias patrimoniales.
En materia fiscal, Lyle Fritch aclaró que la propuesta no establece nuevos impuestos ni incrementos automáticos al predial; sin embargo, la actualización de superficies, construcciones y usos de suelo podría derivar en revisiones de valores catastrales con posibles repercusiones económicas. Por ello, pidió dar seguimiento al proceso legislativo y garantizar que la implementación tecnológica no vulnere la autonomía de los gobiernos locales ni genere nuevas cargas para propietarios y empresas.
