Animalistas advierten que el municipio pretende “limpiar” las calles sin resolver el problema de fondo y temen que los animales terminen sacrificados en una perrera con antecedentes de abandono.
El anuncio del gobierno municipal de Playas de Rosarito de realizar operativos para retirar perros de la vía pública ha provocado una fuerte reacción entre activistas y rescatistas, quienes acusan a la administración de la alcaldesa Rocío Adame Muñoz de impulsar una medida improvisada, sin transparencia y sin garantizar el bienestar de los animales que sean capturados.
Defensores de los derechos de los animales señalan que el Ayuntamiento ha sido incapaz de explicar qué ocurrirá realmente con los perros una vez que sean retirados de las calles. Aunque autoridades municipales aseguran que los animales serían llevados al Centro de Control Animal y podrían ser puestos en adopción, organizaciones advierten que la capacidad del lugar es limitada y temen que, en la práctica, el sacrificio termine siendo el destino de muchos de ellos.
La preocupación no surge solo por el nuevo plan, sino por lo que activistas describen como un historial preocupante dentro de la propia perrera municipal. Hace menos de un año, voluntarios que acudían a apoyar en el sitio denunciaron públicamente condiciones que calificaron como inhumanas: animales desnutridos, jaulas sucias, perros muertos dentro de las instalaciones y otros agonizando sin atención médica.
Quienes presenciaron esa situación aseguran que el lugar se encontraba en total abandono, al grado de que algunos animales habrían muerto por falta de alimento y cuidados básicos. Las denuncias se acompañaron de fotografías y videos que circularon en redes sociales y generaron indignación entre ciudadanos y colectivos animalistas.
Sin embargo, lejos de abrir el lugar a supervisión o corregir las condiciones señaladas, los activistas denuncian que el gobierno municipal optó por cerrarles las puertas. Voluntarios que colaboraban en el sitio afirman que se les prohibió el acceso después de exhibir públicamente lo que ocurría dentro de la perrera.
Ante este antecedente, organizaciones cuestionan cómo el Ayuntamiento pretende ahora emprender operativos de captura masiva si ni siquiera ha demostrado capacidad para garantizar condiciones dignas a los animales bajo su resguardo.
Además, activistas señalan que el gobierno municipal ha dejado de lado las acciones que realmente podrían disminuir el problema, como campañas permanentes de esterilización y sanciones a dueños irresponsables que permiten que sus mascotas deambulen en la calle.
Para rescatistas y ciudadanos preocupados por el bienestar animal, el plan del gobierno de Rocío Adame parece más una medida para aparentar control del problema que una política pública seria. Mientras no exista claridad, supervisión y capacidad real para atender a los animales, advierten que estos operativos podrían convertirse en una condena silenciosa para cientos de perros en Rosarito.
