El Colegio de Abogados califica la medida como excesiva y advierte que la obligatoriedad de una especialización elevará los costos de juicios por pensión alimenticia y custodia.
El Colegio de Abogados de Tijuana manifestó su firme rechazo al reciente acuerdo del Poder Judicial del Estado que pretende obligar a los litigantes a contar con estudios de posgrado para ejercer en materia familiar. Daniel Avitia Beltrán, presidente del organismo, señaló que esta exigencia excede las facultades legales del Poder Judicial, ya que la ley vigente solo requiere la cédula profesional para el ejercicio de la abogacía. Los litigantes consideran que imponer maestrías o doctorados como requisito es una medida arbitraria que atenta contra el libre ejercicio de su profesión.
La principal preocupación de los especialistas radica en el impacto económico que esta normativa tendría sobre la ciudadanía. Al reducirse el número de abogados calificados debido a los años adicionales de formación requeridos, los servicios legales se encarecerían significativamente, afectando a quienes buscan resolver procesos críticos como la patria potestad o pensiones alimenticias. Avitia Beltrán subrayó que la verdadera pericia de un defensor se adquiere a través de la práctica constante y no necesariamente mediante un grado académico adicional que no garantiza la capacidad técnica.
Finalmente, el gremio calificó como contradictoria la postura del Poder Judicial, pues mientras la institución imparte cursos sobre el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares a miles de abogados, simultáneamente impone «candados» que limitan su participación. El Colegio de Abogados advirtió que no permitirán restricciones que obstaculicen el acceso a la justicia para la sociedad civil y adelantaron que defenderán el derecho de los profesionistas a representar a sus clientes basándose en su acreditación oficial actual.
📸 Chris Noyola / Border Zoom
